Marea Blanca Aragon

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viernes, 26 de mayo de 2017

Analisis de los dos años de la Consejeria de Sanidad

Documento presentado en rueda de prensa conjunto con Marea Blanca. Asociación Para la Defensa de la Sanidad, Plataforma de Salud Mental de Aragón y Comisión de Salud de la FABZ



Las asociaciones y espacios ciudadanos abajo firmantes hemos elaborado un balance sobre la gestión de la Consejería de Sanidad y el Servicio Aragonés de Salud en estos dos años de legislatura. Seis aspectos destacan en la gestión realizada por el consejero Sr. Celaya a nuestro entender:

1. Presupuestos sanitarios

Se produce este año en Aragón un aumento pero aún insuficiente globalmente para alcanzar los niveles anteriores del 2010.

2. Consolidación de las “listas de espera” quirúrgicas y diagnósticas. 

Este fenómeno está creando desconfianza en nuestro sistema sanitario y cada vez más usuarios optan por la contratación de servicios privados para aligerar su espera. Persiste la opacidad en la información, con pacientes en espera de citación sin estar contabilizados en las listas. Funcionamiento muy parcial de los sucesivos planes de choque y se siguen detrayendo recursos públicos en convenios privados para intervenciones y pruebas.

3. Agudización de los problemas derivados de la masificación y falta de recursos humanos en Atención Primaria que generan deficiencia de calidad asistencial y de capacidad resolutiva:

 La masificación de los centros crea barreras de acceso a la atención por las esperas en Primaria.

4. Reducción de personal médico especialista en numerosas áreas de la salud.

5. Mantenimiento de la externalización de servicios

 Con fuerte degradación de los mismos en áreas como la limpieza de centros sanitarios (el empeoramiento de las condiciones laborales de estos colectivos tienen consecuencias en el correcto funcionamiento de la sanidad) entre otras. Se insiste en la política de convenios con entidades privadas detrayéndose recursos públicos e impidiendo la dotación suficiente de presupuesto y personal necesarios en el SALUD.

6. En Salud Mental

 Salvo para mantener los CSM en su misma ubicación en barrios, hay que señalar la lentitud en la toma de decisiones o la ausencia de éstas. No se ha contado con el CASM para las funciones que le fueron asignadas en su constitución, con una “participación” más aparente que real, no existe una Dirección de Salud Mental ni coordinación entre dispositivos. Lo que unido a la falta de información sobre listas de espera (no transparencia) o unificación de criterios, sin informatización adecuada ni coordinación eficaz genera notorias desigualdades en las posibilidades asistenciales. Dispositivos carentes de planes específicos (como de TMG), patologías no incluidas aún en la red de salud mental (adicciones), precariedad (infanto-juvenil, red de recursos intermedios comunitarios) …Las líneas generales hasta ahora siguen los criterios de priorizar la atención hospitalaria y la concertación sobre la necesidad de mejorar la atención en la comunidad y reforzar la gestión pública de la asistencia. Ninguna actuación de mejora en equipos y tiempos en los Centros de Salud Mental ni en equipos y fórmulas de refuerzo comunitario.

Si bien se aprecian algunas mejoras en aspectos de la Sanidad Pública, en general la caracterización de la gestión del SALUD la podemos considerar, en muchos aspectos, como continuista de la política del anterior ejecutivo PP-PAR. Hemos de resaltar que tras un primer periodo de diálogo y promesas de cambio, los actuales gestores han entrado en una fase de mayor opacidad y renuncia a la participación ciudadana.

PROPUESTAS

Plan de reducción de las listas de espera con utilización intensiva de recursos públicos del SALUD con dotación suficiente de presupuesto y personal necesarios y Plan de información periódica general (y personal de su situación en la lista) a los ciudadanos/as. Creación de Unidades clínico-administrativas informativas y de gestión.

Atención Primaria: Plan de reposición de personal en los cupos (muchos con más de 1.500 tarjetas individuales que son 250 tarjetas más de las marcadas por las sociedades de medicina de familia, pediatría y enfermería o por los expertos de AP21). Mejorar la capacidad resolutiva y la coordinación Primaria-Especializada.

Acabar con los recortes recuperando cuando menos los presupuestos sanitarios de 2010 y exigir al Gobierno central una formula más equitativa de financiación sanitaria en la línea de una financiación finalista. Dotación suficiente para Hospitales de Alcañiz, Teruel y otros centros pendientes.

Plan para recuperar el empleo perdido, para la utilización intensiva de los recursos de la Sanidad Pública y recuperar los centros privatizados (no sólo se han de recuperar los Centros deficitarios como el CASAR. Deben de exigirse responsabilidades por su mala gestión y falta de control presupuestario) y recuperar las prestaciones atendidas con Convenios con centros privados y acabar con procesos de externalizaciones (ambulancias contratas de limpieza…)

Dedicación exclusiva del personal del SALUD sin exclusiones para Jefes de Servicio y Sección.

Incentivos en la contratación, puntuación… para las zonas rurales, o con dispersión poblacional. Plan de formación del personal sanitario (pre y post grado) independiente de la industria.

Plan de uso racional de los medicamentos y nuevas tecnologías con un plan de reposición de las mismas con recursos públicos, no ligados a la Industria farmaceútica o de las tecnologías.

Mejorar la red pública comunitaria de salud mental: Priorizar la atención de las personas afectas de un Trastorno Mental Grave (programa de Trastorno Mental Grave) y su entorno, con recursos suficientes para llevar a cabo su tratamiento sin dejar de lado otro tipo de trastornos, de menor gravedad, pero de mayor frecuencia. Creación de la red asistencial que precisan los menores. Desarrollar el sector público y constituir una sólida red de servicios de Rehabilitación de gestión propia. Establecer coordinación entre recursos de modo que aseguren la continuidad asistencial. Inclusión de los tratamientos de adicciones en la red de salud mental. Dirección específica de Salud Mental.

Desarrollo de la Salud laboral en los centros sanitarios públicos. La mayoría de enfermedades profesionales están siendo atendidas en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Proponemos la puesta en marcha de un Plan para la detección y declaración.

Establecer sistemas eficaces de Participación social y profesional en todo el SALUD

Gestión Clínica. Recuperar la gestión pública de los centros públicos con gestión privada. Nos oponemos a la creación de microempresas, acogidas el modelo de gestión empresarial, con presupuestos propios y capacidad para comprar y vender servicios, laboralizar al personal y dar entrada a la participación del sector privado.

Firman:
 MAREA BLANCA

ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD

PLATAFORMA DE SALUD MENTAL DE ARAGON

COMISION DE SALUD DE LA FABZ

jueves, 25 de mayo de 2017

La Plataforma por el hospital de Alcañiz pide la dimisión del consejero Celaya por su “silencio administrativo”


La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y los Derechos Sociales del Bajo Aragón exigió ayer la dimisión del consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, porque “el silencio administrativo que está llevando con nosotros es absoluto”. Además, la mesa ciudadana plantea una movilización en Zaragoza el mes que viene porque “ya no sirve de nada que nos manifestemos en Alcañiz”.

Como cada miércoles a las 11 de la mañana desde hace dos meses y medio, miembros de la Plataforma, personal sanitario y usuarios del hospital protestaron por la demora en el comienzo de las obras que el Gobierno de Aragón ha aplazado en varias ocasiones en lo que va de legislatura. Ayer cortaron durante un par de minutos la calle de acceso al hospital y después se reunieron brevemente para hacer balance de su comparecencia la semana pasada en las Cortes de Aragón y del anuncio en el pleno de la Cámara del presidente de Aragón, Javier Lambán, de que las obras comenzarán en septiembre.

“Vamos a solicitar la dimisión del consejero Celaya porque el silencio administrativo que está llevando con nosotros es absoluto y porque ya no es la persona con la que debemos hablar al respecto”, dijo la portavoz de la Plataforma, Isabel Martínez. “El único que puede dar información veraz parece que es el señor Lambán. Pues que venga y nos lo explique”, exigió la delegada de CCOO en el hospital, que consideró que el presidente “deslegitimó” la semana pasada al consejero tomando la palabra él para dar explicaciones sobre el nuevo equipamiento.

De modo que, igual que se lo pedía a Celaya, ahora la Plataforma solicita a Lambán que sea él quien “venga y nos explique qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer; pero que dé datos y diga las cosas claras”, exigió Martínez.

“Estafados y engañados”

La Plataforma ha elevado el tono en las últimas semanas porque “nos sentimos estafados y engañados” ante las constantes demoras en los plazos del hospital. Por tres veces pidieron a Celaya que se presentara en Alcañiz para rendir cuentas a la ciudadanía sobre los problemas sobrevenidos para que el Gobierno de Aragón no haya cumplido la palabra dada antes de las elecciones de que el Bajo Aragón tendría un hospital netamente público esta legislatura.

Tras el recorte de más de 9 millones de euros en el presupuesto de Aragón 2017 para las obras del hospital (el plurianual contemplaba 11,49 millones y se han programado apenas 2,2), “ya no nos creemos nada”. “Hemos estado dos años creyendo en las palabras pero lo que queremos son hechos y actuaciones; cuando los veamos, haremos como Santo Tomás y nos los creeremos”, manifestó Martínez.

Por todo ello, la Plataforma plantea organizar “una gran protesta” el mes que viene en Zaragoza, probablemente a las puertas de la Aljafería, porque “ya no sirve de nada que nos manifestemos en Alcañiz; no nos están haciendo caso, nos están mintiendo y engañando, por lo que tendremos que ir allí”, dijo Martínez. Por el momento, se mantienen las protestas semanales a las puertas del hospital.

Fuente:  diariodeteruel.es

viernes, 19 de mayo de 2017

EL CONGRESO RECHAZA UNA MOCIÓN QUE PEDÍA ACABAR CON LA GESTIÓN PRIVADA DE LA SANIDAD PÚBLICA

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El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó este jueves, con 177 votos en contra y 165 a favor, una moción que presentó Unidos Podemos, que aceptó una enmienda del PSOE y que reclamaba al Gobierno acabar con la gestión privada en la sanidad pública.La moción se votó hoy, aunque el debate parlamentario tuvo lugar en la sesión plenaria de ayer y fue defendida por la diputada de Unidos Podemos Marta Sibina, que hizo hincapié en la necesidad de hacer una “apuesta decidida por blindar la gestión pública y protegerla del ánimo de lucro de la empresa privada”, puesto que, a su juicio, la gestión privada se traduce en “más mortalidad, menos personal contratado y peores salarios”.“No esperamos que el PP se alinee con nuestro planteamiento” porque “lo que les importa

LLAMAMIENTO: NO A 60 AÑOS DE CENTRALES NUCLEARES.

Te pedimos que difundas el formulario, que se cerrará a las 23:55 horas del 20 de junio.

Querida compañera, querido compañero:
Nos une una preocupación común. La normativa permite a los propietarios de los siete reactores nucleares que funcionan en España (ENEL-ENDESA, IBERDROLA y GAS NATURAL-FENOSA) pedir la renovación de los permisos de funcionamiento entre lo que queda del presente año y el que viene; es decir, Almaraz 1 y 2 (Extremadura) y Vandellós 2 (Cataluña), a partir del 8 de junio y 26 de julio de 2017, respectivamente; Cofrents (Valencia), a partir del 20 de marzo de 2018, y Ascó 1 y 2 (Cataluña), a partir del 2 de octubre de 2018. La única excepción será Trillo (Castilla la Mancha), a partir del 17 de noviembre de 2021.
La renovación de esos permisos depende sólo del gobierno del PP, ya que el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) modificó la normativa en noviembre de 2016, separando la concesión del nuevo permiso de las revisiones técnicas de seguridad que debían pasar obligatoriamente. Así que el PP puede conceder la renovación en cualquier momento a partir de la petición de las empresas, sin esperar al 2020, 2021 o 2024, que es cuando las centrales deben pasar las revisiones.
Como el CSN ya ha autorizado a Garoña a funcionar hasta los 60 años (2031), las otras peticiones de renovación se pedirán también hasta los 60 años. Se trata de unas nucleares muy degradadas, que son una grave amenaza actual y para las generaciones futuras.
Las nucleares deben ser cerradas cuanto antes: siempre han provocado impactos ambientales, sobre la salud de las personas y de todos los seres vivos, siempre han supuesto un peligro para la seguridad, y un despilfarro económico que hemos pagado entre todos los que consumimos electricidad.
Podemos ponernos en lo peor y recordar catástrofes, como Chernobil o Fukushima, que siguen  y seguirán provocando sufrimientos y muertes durante muchos años, catástrofes que pueden volver a repetirse en cualquier momento; pero sin ir tan lejos basta reflexionar sobre lo que suponen 20 años más de aumento de residuos radiactivos, que serán muy peligrosos durante miles de años; sobre la emisión, cada día de funcionamiento, de más de 40 elementos y compuestos radioactivos (algunos abundantes y peligrosos como el tritio, capaz de formar agua que no puede diferenciarse del agua normal), y sobre la radiactividad cotidiana de la minería de uranio y la fabricación del combustible nuclear.
Por si esto fuera poco, aún nos queda la aportación de las nucleares a la guerra, no sólo con el plutonio, que puede usarse para armas de destrucción masiva (recordemos Nagasaki), sino también con el uranio empobrecido, un residuo abundante de la fabricación de combustible con el que se hacen proyectiles; unos proyectiles que se han usado en Irak y Afganistán, y se sospecha que también en Siria, que dejan secuelas radioactivas allá donde explotan, afectando durante años a la población civil y los militares que los usan.
De todo esto se sabe poco, como parte del pacto de silencio entre empresas eléctricas, grandes bancos, partidos defensores de la energía nuclear, y los mayores medios de comunicación. También se silencia que el ciclo de fabricación del combustible nuclear emite miles de toneladas de gases que provocan el cambio climático.
Para que estas centrales no renueven sus permisos, apoyamos y participamos en todas las movilizaciones sociales, como la MANIFESTACIÓN ANTINUCLEAR que se realizará el próximo 10 de Junio en Madrid , a la que puedes dar apoyo económico; institucionales de grupos políticos que se puedan presentar en parlamentos, ayuntamientos, o el Congreso (como propuestas de resolución, mociones o proposiciones de ley), pero somos conscientes de que no es suficiente: el muro de silencio sólo puede ser superado por un movimiento social que pueda hacer llegar su voz directamente a los partidos y las instituciones, con un mecanismo que no puedan ignorar.
Una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en todo el estado es la mejor herramienta que tenemos hoy para influir en el Congreso, la única institución que puede frenar al gobierno del PP, que concede los permisos a las centrales. Para que una ILP llegue al Congreso necesita un apoyo mínimo de 500.000 firmas legalizadas, que deben ser recogidas en el plazo máximo de seis meses, a partir de su presentación oficial.
Sabemos que las fuerzas políticas contrarias a renovar los permisos aún no tienen la mayoría parlamentaria para decidir un cambio en la política energética. Por eso es importante la respuesta social organizada que refleje el sentimiento contrario a la energía nuclear de la mayoría de la población, que lleve la resistencia contra la energía nuclear más allá de los grupos de activistas ya concienciados, y que llegue al conjunto de la sociedad.
Proponemos lanzar la ILP. Y te invitamos a unirte, a participar y valorar si llegaremos a conseguirla.
Te pedimos que te sumes a las personas que apoyan este llamamiento para realizar la ILP (puedes consultar la lista AQUÍ) , rellenando este formulario:
También te pedimos que difundas el formulario, que se cerrará a les 23:55 horas del 20 de junio.
Creemos que es necesario que la Iniciativa Legislativa Popular comience a funcionar en el otoño de 2017 si queremos que sirva para resistir a los planes de la industria nuclear de imponer los 60 años.
Hay que apostar por un nuevo modelo energético basado en la reducción del consumo destructivo, un sistema de energías 100% renovables, ahorro y eficiencia energética. Ese nuevo modelo está frenado hoy por las dificultades de romper con los intereses que imponen los llamados “mercados”, que incluyen la avaricia de la eléctricas y de quienes las apoyan debido a los beneficios económicos que reporta la energía nuclear. Un modelo a partir de energías limpias y renovables que es hoy perfectamente posible y viable en la Península Ibérica.
EL GRUPO IMPULSOR DEL LLAMAMIENTO.

 

miércoles, 17 de mayo de 2017

Más de 2.100 pacientes esperan una operación desde hace 6 meses

Traumatología, con 939 personas, es la especialidad que más demora acapara. El dato de abril es muy similar al de marzo, con tan solo 15 personas menos

El consejero Celaya. -

Sin grandes cambios. Así continúan las listas de espera en Aragón en relación a las intervenciones quirúrgicas con una demora de más de seis meses, ya estas afectan a un total de 2.108 pacientes según los datos de abril.

La cifra, actualizada ayer por el Departamento de Sanidad en la web del Salud, es muy similar a la registrada el mes pasado, con tan solo 15 pacientes menos en espera. Sin embargo, según matizaron

martes, 16 de mayo de 2017

LIMPIANDO BAJO PRESIÓN


Los trabajadores que limpian el Royo Villanova y los centros del área 2 denuncian que sus empresas les están obligando a reducirse la jornada y solicitar excedencias no pagadas bajo la amenaza de despedir a compañeros. UGT acusa a la DGA de favorecer la situación al permitir a las empresas reducir las horas de limpieza a su gusto en el pasado concurso de contratas

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Reducciones de jornada impuestas bajo la amenaza de despedir a compañeros; excedencias sin sueldo y sin garantías de volver, y amenazas de veto en otras empresas. Es la situación que, según UGT, viven los más de cien limpiadores y limpiadoras del Royo Villanova y de los centros de salud del sector dos de Zaragoza.

En el pasado concurso de contratas, las empresas de limpieza y el Salud aragonés pactaron menos

miércoles, 10 de mayo de 2017

43 demandas ciudadanas para frenar el deterioro de la sanidad pública en todo el Estado

A primera hora de la tarde de hoy, miércoles 10 de mayo, delegados de la Marea Blanca Estatal han presentado en el Congreso de los Diputados una batería de 43 reivindicaciones que buscan frenar el creciente deterioro de nuestro Sistema Nacional de Salud. Lo han hecho ante representantes de los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, PSOE, Ciudadanos, ERC, PNV y el Grupo Mixto… 


“Los grupos han recibido nuestro documento con interés y se han comprometido a estudiarlo y a mantener, en el plazo de un mes, un nuevo encuentro para valorarlo”, ha indicado Carmen Esbrí, portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid-Marea Blanca, tras una reunión en la que también han estado presentes delegados de la Marea Blanca catalana. “Les hemos trasmitido que el documento es una hoja de ruta, que incluye algunas propuestas que deberían empezar a aplicarse ya”, ha remachado.
El texto es fruto del trabajo de coordinación de los colectivos sociales que componen las mareas blancas regionales, que en la actualidad están presentes en la práctica totalidad de comunidades autónomas. Tras compartir los problemas más graves de cada territorio y verificar que algunos son comunes a todos, como las listas de espera, la pérdida alarmante del empleo público sanitario, la reducción de recursos, la externalización de servicios y la proliferación de casos de corrupción, las mareas blancas acordaron elaborar una tabla reivindicativa en su tercera asamblea estatal, celebrada el 21 de enero en Barcelona. Hoy, esta tabla, que recoge propuestas que afectan a los ámbitos local, estatal y europeo, ve la luz.
La primera de sus medidas, todas ellas destinadas a revertir la “situación crítica” en la que se halla el Sistema Nacional de Salud (SNS), es la revisión de la Ley General de Sanidad de 1986 “con la derogación del artículo 90, que abre la parte de concesiones a la Sanidad Privada”. Junto a este, el movimiento ciudadano solicita la derogación de otras tres normas: la Ley 15/1997 (“para garantizar sin obstáculos la gestión pública y transparente de todos los servicios públicos”), el Real Decreto 16/2012 (“para que exista financiación finalista del SNS a través de impuestos, mediante una política fiscal justa, recuperando la universalidad y eliminando repagos”) y el polémico artículo 135 de la Constitución Española, con el fin de “blindar la salud como derecho fundamental”.
En su escrito, las mareas, que están compuestas por sindicatos sanitarios, asociaciones vecinales, de pacientes y otros colectivos sociales, también demandan una mayor vigilancia a la sanidad privada, sanciones “a quienes pretendan especular” con este derecho y la “eliminación de la financiación pública de las mutualidades de funcionarios (MUFACE, ISFAS, MUGEJU…), integrándolas al SNS con la misma financiación y servicios que el resto de la población”.
Además, tras rechazar el modelo de Unidades de Gestión Clínica, “que ponen en peligro la pluralidad e independencia de los trabajadores”, reclaman la “prohibición de toda desgravación fiscal de los seguros privados”, la “eliminación del acuerdo del Gobierno central con FARMAINDUSTRIA, que garantiza el aumento del gasto farmacéutico según IPC”, y el impulso de auditorías ciudadanas de la deuda sanitaria “y depuración de responsabilidades y de los responsables de aquella considerada ilícita y/o ilegítima”.
Por otro lado, con objeto de recuperar la calidad perdida estos últimos años consecuencia de los recortes, las organizaciones ciudadanas demandan que las plantillas de los centros sanitarios se adecuen a las necesidades (permanentes y estacionales) de la población, incrementándolas cuando sea necesario; un impulso claro de la Ley de Dependencia y de la salud mental, esta última, “desde un enfoque social y comunitario con recursos 100% públicos”. Además, vuelven a defender que se potencie la atención primaria “como puerta de entrada al sistema y eje coordinador entre niveles asistenciales”, priorizando las actividades de prevención y promoción de la salud.
Finalmente, en el ámbito europeo, las mareas blancas demandan una mayor regulación y control de la industria farmacéutica, alimentaria y biotecnológica, y el rechazo a tratados de libre comercio como el TTIP, el CETA y el TISA, “que supeditan derechos ciudadanos a intereses de multinacionales y los mercantilizan”.
Tras entregar el documento de 43 reivindicaciones a los grupos parlamentarios, la Marea Blanca Estatal hará lo mismo con las consejerías de Sanidad y los grupos políticos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.
Documento de 43 reivindicaciones de la Marea Blanca Estatal para frenar el deterioro de la sanidad pública

sábado, 6 de mayo de 2017

El Gobierno de Aragón fía a la supuesta filantropía la inversión contra el cáncer

La Fundación Amancio Ortega donará 10 millones de euros para una inversión que desde hace años se reclamaba por las asociaciones contra el cáncer. La firma de este protocolo abre el debate sobre la financiación de los servicios públicos por parte de empresas con altos índices de elusión fiscal. 

El Gobierno de Aragón fía a la supuesta filantropía la inversión contra el cáncer

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y el vicepresidente de la Fundación Amancio Ortega Gaona, José Arnau, han firmado este miércoles un protocolo para la adquisición de equipamiento tecnológico sanitario. El acuerdo asciende a más de diez millones de euros, que se van a destinar a la compra de aparatos para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

De esta forma, el Departamento de Sanidad va a poder acelerar las inversiones previstas en el plan de alta tecnología del Salud para los próximos años en materia de diagnóstico y tratamiento oncológico. Dicho plan tiene como fin garantizar la equidad y mejorar la calidad y accesibilidad en el diagnóstico